Imagen 1: muestra una persona en silla de ruedas frente a los ministros de la SCJN
En los últimos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha estado en el centro del debate por una propuesta que podría cambiar la forma en que se protege el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad.
Desde 2016, la Corte ha invalidado cerca de 50 leyes federales y estatales porque fueron aprobadas sin consultar previamente a las personas con discapacidad o a sus organizaciones. Esta consulta es un derecho reconocido internacionalmente, y su propósito es asegurar que ninguna ley que afecte directamente a este grupo se apruebe sin escuchar su voz. Sin embargo, la ministra Lenia Batres Guadarrama propuso modificar este criterio. Según ella, no debería invalidar una ley solo porque no se realizó la consulta, ya que eso puede obstaculizar normas que en apariencia buscan beneficiar a las personas con discapacidad. Su idea es que la impugnación solo sea posible si las propias personas con discapacidad o sus representantes formales lo soliciten, cumpliendo ciertos requisitos.
Esta propuesta ha generado una fuerte reacción en contra por parte de la comunidad con discapacidad y de varias organizaciones civiles. Durante las audiencias públicas, más de 100 personas participaron durante 15 horas para expresar su desacuerdo, argumentando que eliminar la consulta obligatoria sería un retroceso en materia de derechos humanos.
Activistas como María Milagros Castro Rocha, quien habló desde Sinaloa, advirtieron que “las leyes creadas sin la experiencia y participación de quienes viven la discapacidad no solo fallan, sino que discriminan”. En otras palabras, si no se escucha directamente a las personas afectadas, las decisiones se toman desde un escritorio y no desde la realidad.
El jueves 23 de octubre de 2025, el diario La Jornada informó que, tras tres días de audiencias públicas con personas con discapacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comunicó que tomará en cuenta las opiniones de este sector al revisar el caso sobre el derecho a la consulta previa en leyes que les afectan.
Este avance se da luego de que más de cien personas con discapacidad y organizaciones civiles expresaron su rechazo a la propuesta de cambiar el criterio de consulta obligatoria, argumentando que una ley no debe aprobarse sin escuchar. Esto demuestra la enorme fuerza que puede tener la participación social cuando nace de la unión, la experiencia y la defensa de la dignidad. Durante años, este sector ha luchado por dejar de ser visto como objeto de políticas y convertirse en sujeto activo de derechos. Lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una muestra clara de cómo su voz puede transformar el rumbo de las decisiones públicas: más de cien personas alzaron la voz, compartieron su realidad y recordaron que ninguna ley puede considerarse justa si no incluye a quienes vivan directamente sus efectos. La participación de las personas con discapacidad no es un trámite ni una formalidad, es una forma de hacer justicia desde la inclusión y el respeto. Cada testimonio, cada intervención en esas audiencias, reafirmó que la verdadera democracia escucha, reconoce y construye junto a todas las personas, sin dejar a nadie atrás.
La participación activa de las personas con discapacidad en los procesos legislativos no solo fortalece la democracia, sino que garantiza que las leyes respondan realmente a las necesidades y realidades de todos. Su presencia en el debate público rompe con la visión asistencialista y abre paso a una sociedad más empática, justa e inclusiva. Lo ocurrido en la SCJN demuestra que cuando las personas con discapacidad alzan la voz, no solo defienden sus derechos, sino que también nos recuerdan a todos que la verdadera justicia se construye escuchando y reconociendo la diversidad humana.
Referencias:
https://www.jornada.com.mx/2025/10/22/politica/008n3pol