Acceso a la justicia: cuando el procedimiento también debe ser accesible

 

Descripción de la imagen: Fotografía de una audiencia en una sala de justicia en México. Se observa a una persona usuaria de silla de ruedas, a una mujer comunicándose mediante lengua de señas, a otra persona presente en la audiencia y a una jueza al frente de la sala. La imagen representa la importancia de contar con procedimientos judiciales accesibles que permitan la participación efectiva de las personas con discapacidad.

Cuando pensamos en acceso a la justicia, normalmente imaginamos tribunales, abogados, denuncias o procedimientos legales.

Sin embargo, poder acudir ante una autoridad no significa necesariamente que una persona pueda participar realmente en un procedimiento.

¿Qué ocurre si una persona no puede comprender los documentos que recibe? ¿Si no existe un medio adecuado para comunicarse durante una audiencia? ¿O si las propias instalaciones, procedimientos o formas de comunicación se convierten en una barrera?

Para las personas con discapacidad, garantizar el acceso a la justicia también implica eliminar este tipo de obstáculos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad deben tener acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones, incluyendo los ajustes de procedimiento que resulten necesarios para facilitar su participación directa o indirecta en los procesos judiciales.

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce su derecho a recibir un trato digno y apropiado dentro de procedimientos administrativos y judiciales. También dispone que las instituciones de impartición de justicia deben contar, entre otros recursos, con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y documentos en Braille y en formato de lectura fácil.

Estas medidas pueden hacer una diferencia enorme.

Pensemos en una persona con discapacidad auditiva que debe declarar ante una autoridad. Si no cuenta con un medio adecuado para comunicarse, su derecho a participar en el procedimiento puede quedar limitado.

También puede ocurrir con una persona con discapacidad intelectual que recibe una resolución llena de términos jurídicos complejos y necesita información presentada de manera más clara y comprensible.

En estos casos, hacer accesible el procedimiento no altera las reglas de la justicia ni concede una ventaja.

Por el contrario, permite que la persona pueda entender qué está ocurriendo, expresar su voluntad, hacer valer sus derechos y participar de manera efectiva.

Esto es especialmente importante porque una persona con discapacidad puede intervenir en un procedimiento desde distintas posiciones: como víctima, testigo, parte en un juicio, persona denunciada o incluso como profesionista dentro del propio sistema de justicia.

La discapacidad nunca debería convertirse en una razón para excluir su voz.

Por ello, el acceso a la justicia no debe medirse únicamente preguntando si existe un tribunal disponible.

También debemos preguntarnos: ¿puede la persona llegar?, ¿puede comunicarse?, ¿comprende el procedimiento?, ¿puede expresar lo que piensa y tomar decisiones sobre su propio caso? 

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es negativa debido a una barrera que puede ser eliminada, el acceso a la justicia todavía no es plenamente efectivo. Una justicia verdaderamente incluyente no obliga a todas las personas a participar exactamente de la misma manera. Adapta sus procedimientos para que todas puedan ser escuchadas.

Fuentes: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 13; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, arts. 28 a 31.

Estudiar en igualdad: los ajustes razonables también llegan al aula

Descripción de la imagen: Fotografía de una estudiante usuaria de silla de ruedas dentro de un salón de clases, acompañada de otras y otros estudiantes y de una persona docente. La imagen representa la inclusión educativa y la importancia de generar condiciones accesibles para que todas las personas puedan aprender y participar en igualdad de condiciones.

Entrar a una escuela o universidad no garantiza, por sí solo, una educación verdaderamente inclusiva.

Una persona con discapacidad puede estar formalmente inscrita en una institución educativa y, aun así, encontrar barreras que dificulten su aprendizaje, participación o evaluación. Por eso, cuando hablamos del derecho a la educación, también debemos preguntarnos si existen las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercerlo en igualdad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles y establece que deben proporcionarse los ajustes razonables que cada persona requiera.

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad también establece que debe promoverse la inclusión de las personas con discapacidad dentro del Sistema Educativo Nacional y contempla medidas de accesibilidad, apoyos didácticos, materiales y técnicos, así como personal capacitado. Entre los ejemplos que menciona se encuentran materiales en Braille, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y tecnología dirigida a personas con discapacidad visual.

Pero ¿cómo se ve esto en la vida cotidiana?

Imaginemos a una estudiante con discapacidad visual que recibe un examen mediante una plataforma que no es compatible con su lector de pantalla. Permitirle presentar esa evaluación en un formato accesible no significa facilitarle el examen ni reducir el nivel académico. Significa eliminar una barrera que no tiene relación con los conocimientos que se pretende evaluar.

Lo mismo podría ocurrir cuando una persona necesita interpretación en Lengua de Señas Mexicana, materiales digitales accesibles, una forma distinta de presentar determinada actividad o alguna adaptación en la manera en que recibe información.

El objetivo de los ajustes razonables no es cambiar lo que una persona debe aprender, sino evitar que una barrera ajena a sus conocimientos o capacidades determine sus oportunidades. Esta diferencia es fundamental.

La inclusión educativa no consiste únicamente en permitir que una persona con discapacidad entre al salón de clases. También implica que pueda comprender, participar, aprender, comunicarse y demostrar sus conocimientos en condiciones de igualdad.

Además, cada situación debe analizarse de manera individual. Dos estudiantes con la misma discapacidad pueden utilizar herramientas diferentes o necesitar apoyos distintos. Por ello, escuchar directamente a la persona es esencial para identificar qué barrera enfrenta y qué adaptación puede resultar adecuada.

Una institución educativa verdaderamente incluyente no pregunta solamente: “¿Puede esta persona estudiar aquí?”

También se pregunta: “¿Qué necesitamos hacer para que pueda ejercer plenamente su derecho a la educación?”

Porque estar presente en un salón no siempre significa estar incluido. La inclusión comienza cuando todas las personas tienen una oportunidad real de aprender y participar.

Fuentes: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 24; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, arts. 2 y 12.

Cuando decir “no” crea una barrera: la denegación de ajustes razonables y la discriminación

 Descripción de la imagen: Ilustración de un grupo diverso de personas con distintas edades, características y tipos de discapacidad. Entre ellas se observan personas usuarias de silla de ruedas, bastón y prótesis. La imagen representa la diversidad, la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

¿Qué sucede cuando una persona con discapacidad solicita una adaptación necesaria para estudiar, trabajar, comunicarse o acceder a un servicio y recibe como única respuesta un “no”?

A primera vista podría parecer simplemente una decisión administrativa. Sin embargo, desde la perspectiva de los derechos humanos, la situación puede tener una consecuencia mucho más importante.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la discriminación por motivos de discapacidad comprende también la denegación de ajustes razonables. La legislación mexicana recoge este mismo principio.

Esto significa que los ajustes razonables no deben entenderse como favores, concesiones especiales o actos de buena voluntad. En determinadas circunstancias, son medidas necesarias para que una persona pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Pensemos en una persona con discapacidad auditiva que necesita una forma accesible de comunicación para participar en un procedimiento; una estudiante que requiere que determinada información se presente en otro formato; o una persona trabajadora que solicita una adaptación para poder desarrollar adecuadamente sus funciones.

Negarse a analizar estas necesidades únicamente porque “así se ha hecho siempre” puede mantener una barrera que impida a la persona participar en igualdad de condiciones.

Por supuesto, esto no significa que cualquier solicitud deba aceptarse automáticamente.

Para determinar un ajuste razonable deben analizarse las circunstancias particulares del caso, identificar la barrera existente, dialogar con la persona involucrada y valorar qué medida puede resultar adecuada y efectiva, considerando también que no represente una carga desproporcionada o indebida.

Lo importante es que la respuesta no se base en prejuicios, estereotipos o negativas automáticas.

Frases como “nunca hemos hecho algo así”, “todos deben cumplir las mismas reglas” o “sería más sencillo que alguien te ayudara” pueden parecer neutrales, pero también pueden ocultar barreras que limitan la autonomía de una persona.

Precisamente por ello, el enfoque de derechos humanos propone cambiar la pregunta.

En lugar de preguntarnos “¿por qué tendríamos que modificar nuestra forma habitual de hacer las cosas?”, podemos preguntarnos “¿esta forma de hacer las cosas está impidiendo que alguien ejerza un derecho?”

Este cambio de perspectiva es fundamental. Durante mucho tiempo, numerosos espacios fueron diseñados considerando únicamente determinadas características físicas, sensoriales o cognitivas. Cuando una persona no podía utilizarlos, el problema se atribuía a su discapacidad.

Actualmente, el enfoque de derechos humanos nos invita a observar también el entorno y reconocer que muchas limitaciones surgen precisamente de las barreras que la sociedad mantiene.

Por ello, escuchar una solicitud de ajuste razonable no solamente implica atender una necesidad individual. También puede convertirse en una oportunidad para identificar prácticas que hasta ese momento habían pasado inadvertidas.

La inclusión comienza cuando dejamos de preguntarnos por qué una persona no puede adaptarse a determinada regla y empezamos a preguntarnos si esa regla puede modificarse para garantizar sus derechos.

Porque eliminar una barrera no significa conceder un privilegio, significa hacer posible la igualdad.

Fuentes: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arts. 2 y 5; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, art. 2; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General núm. 6 sobre igualdad y no discriminación.

Accesibilidad y ajustes razonables: ¿son lo mismo?

Descripción de la imagen: Fotografía de tres personas en un entorno de trabajo. Una persona usuaria de silla de ruedas conversa con dos compañeras alrededor de una mesa con una computadora y documentos. La imagen representa la inclusión laboral y la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

Cuando hablamos de inclusión de las personas con discapacidad, conceptos como accesibilidad y ajustes razonables aparecen constantemente. Aunque ambos buscan eliminar barreras y favorecer el ejercicio de derechos, no significan exactamente lo mismo. 

Comprender esta diferencia es importante porque la inclusión no depende únicamente de reaccionar cuando una persona encuentra un obstáculo. También implica construir, desde el principio, espacios y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas. 

La accesibilidad tiene un carácter general. Su objetivo es que los entornos físicos, el transporte, la información, las comunicaciones, la tecnología y otros servicios puedan ser utilizados por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. 

Una rampa de acceso, señalización en braille, subtítulos en un video, páginas de internet compatibles con lectores de pantalla o elevadores accesibles son ejemplos de medidas que buscan beneficiar a un conjunto de personas y prevenir barreras antes de que aparezcan. 

Los ajustes razonables, en cambio, responden a una necesidad particular. Imaginemos que un edificio cuenta con condiciones generales de accesibilidad, pero una persona necesita una modificación específica para poder participar en determinada actividad. En ese momento puede ser necesario realizar un ajuste razonable, es decir, una adaptación adecuada para que esa persona pueda ejercer un derecho en igualdad de condiciones. 

Por ejemplo, una escuela puede contar con instalaciones accesibles y, aun así, una estudiante con discapacidad visual podría necesitar recibir determinados materiales en un formato compatible con su tecnología de apoyo. De la misma manera, un centro de trabajo puede cumplir con distintas medidas de accesibilidad, pero una persona trabajadora podría requerir alguna adaptación específica en sus herramientas, funciones o formas de comunicación. 

La diferencia principal está entonces en su alcance: la accesibilidad busca eliminar barreras de manera general y anticipada; los ajustes razonables atienden necesidades concretas cuando las medidas generales no son suficientes. 

Esto también nos recuerda que no existe una sola forma de vivir la discapacidad. Dos personas con una discapacidad similar pueden enfrentar obstáculos diferentes y requerir soluciones distintas. 

Por ello, una política verdaderamente incluyente necesita ambas herramientas. No sería suficiente esperar a que cada persona solicite una modificación para comenzar a eliminar barreras, pero tampoco sería correcto asumir que las medidas generales de accesibilidad resolverán todas las situaciones particulares. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce precisamente la importancia de garantizar la accesibilidad y de realizar ajustes razonables como parte del derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la sociedad. La inclusión se construye desde lo colectivo, pero también debe ser capaz de responder a lo individual. 

Diseñar espacios accesibles abre la puerta; realizar los ajustes necesarios permite que cada persona pueda realmente atravesarla. 

Fuentes: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arts. 2, 5 y 9; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, art. 2; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones Generales núm. 2 y núm. 6.

De la teoría a la vida cotidiana: ¿cómo funcionan los ajustes razonables?

 

Descripción de la imagen: Fotografía de una persona usuaria de silla de ruedas junto a una referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La imagen representa la relación entre discapacidad, inclusión y el reconocimiento y protección de los derechos humanos dentro del marco jurídico mexicano.

En la publicación anterior hablamos de los ajustes razonables como una herramienta para alcanzar una igualdad efectiva. Pero entender el concepto es apenas el primer paso. La pregunta realmente importante es: ¿cómo se traduce este derecho en la vida cotidiana?

Los ajustes razonables pueden aparecer prácticamente en cualquier espacio en el que una persona ejerza sus derechos: una escuela, un centro de trabajo, una oficina pública, un hospital o incluso durante un procedimiento ante una autoridad.

Imaginemos que una universidad aplica el mismo examen escrito y bajo las mismas condiciones a todo su alumnado. A primera vista podría parecer una medida igualitaria. Sin embargo, si una estudiante con discapacidad visual no puede acceder al contenido porque el documento es incompatible con las herramientas que utiliza, existe una barrera. Proporcionar el examen en un formato accesible puede ser el ajuste que le permita demostrar sus conocimientos en igualdad de condiciones.

Algo similar sucede en el ámbito laboral. Una persona con discapacidad puede contar con la preparación, experiencia y competencias necesarias para desempeñar un empleo y, aun así, encontrar obstáculos derivados del espacio físico, de determinados horarios, de las herramientas de trabajo o de los sistemas de comunicación utilizados por la organización. Modificar alguno de estos elementos, cuando sea necesario y adecuado, puede permitir que ejerza su derecho al trabajo sin que una barrera externa limite sus oportunidades.

Incluso pequeñas modificaciones pueden generar grandes diferencias: permitir tecnologías de apoyo, adaptar la forma en que se entrega información, modificar determinados procedimientos, proporcionar materiales accesibles o realizar adecuaciones en el espacio de trabajo son algunos ejemplos. Lo importante es comprender que el ajuste depende de las necesidades de una persona concreta y del contexto en el que debe ejercer su derecho.

Por ello, la pregunta debería ser: “¿existe alguna barrera que esté impidiendo que esta persona pueda participar en igualdad de condiciones?”

La respuesta tampoco puede basarse únicamente en suposiciones ya que de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, determinar un ajuste razonable requiere diálogo con la persona con discapacidad, analizar qué barrera enfrenta y valorar qué modificación es adecuada y eficaz para eliminarla.

¿Significa esto que cualquier modificación solicitada debe implementarse automáticamente? No necesariamente. La legislación contempla como límite que el ajuste no represente una carga desproporcionada o indebida. Sin embargo, esto tampoco permite rechazar una solicitud de manera automática argumentando que es difícil, incómoda o costosa. Deben analizarse objetivamente las circunstancias del caso, los recursos disponibles, la eficacia de la medida y su impacto.

Esta distinción es importante porque los ajustes razonables forman parte del derecho a la igualdad y a la no discriminación. En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece expresamente que la discriminación por motivos de discapacidad incluye la denegación de ajustes razonables.

Por ello, implementarlos no debe entenderse como un acto de buena voluntad, puesto que se trata de reconocer que una regla aparentemente neutral puede producir desigualdad cuando el entorno no contempla las distintas formas en que las personas estudian, trabajan, se comunican o participan.

La inclusión comienza muchas veces con una pregunta sencilla: ¿qué barrera existe y qué podemos modificar para eliminarla?

Escuchar esa respuesta y actuar en consecuencia puede ser la diferencia entre permitir únicamente el acceso a un espacio y garantizar verdaderamente el ejercicio de un derecho.

Fuentes: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arts. 2 y 5; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, art. 2, fracciones II y XIV; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General núm. 6; criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de ajustes razonables.