
Ayudar, cuidar y proteger son acciones que normalmente asociamos con algo positivo. Sin embargo, cuando se realizan sin tomar en cuenta la voluntad de una persona con discapacidad, también pueden convertirse en una barrera.
Una de las formas en que el capacitismo puede aparecer en la vida cotidiana es la infantilización: tratar a una persona adulta con discapacidad como si fuera una niña o un niño, asumir que necesita supervisión permanente o considerar que otras personas saben mejor que ella qué decisiones debe tomar.
Esto puede manifestarse de formas aparentemente pequeñas.
Hablarle con un tono excesivamente infantil.
Preguntarle a su acompañante en lugar de dirigirse directamente a ella.
Decidir qué actividades puede realizar sin consultarla.
Evitar que haga determinadas cosas “por su seguridad”.
O asumir que necesita permiso o ayuda para situaciones que puede manejar de manera autónoma.
En muchas ocasiones estas conductas pueden surgir desde el cariño o la preocupación. Sin embargo, una buena intención no elimina automáticamente el impacto que una acción puede tener sobre la autonomía de otra persona.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce como uno de sus principios fundamentales el respeto de la dignidad, la autonomía individual y la libertad de las personas para tomar sus propias decisiones (Naciones Unidas, 2006, art. 3).
Además, establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás y que, cuando necesiten apoyos para tomar decisiones, estos deben respetar sus derechos, voluntad y preferencias (Naciones Unidas, 2006, art. 12).
Esto nos lleva a una diferencia importante:
apoyar no es lo mismo que sustituir.
Una persona puede necesitar apoyo para comprender determinada información, desplazarse, comunicarse o realizar alguna actividad y, al mismo tiempo, conservar plenamente su derecho a decidir qué quiere hacer.
Por ejemplo, acompañar a una persona a realizar un trámite puede ser un apoyo. Decidir por ella qué debe elegir sin preguntarle es algo distinto.
También puede existir sobreprotección cuando, por miedo a que ocurra algo, se limita innecesariamente la posibilidad de estudiar, trabajar, viajar, salir con amistades, practicar algún deporte o vivir de forma independiente.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que históricamente se ha supuesto que muchas personas con discapacidad no pueden vivir de manera independiente o ejercer control sobre sus propias vidas. Precisamente por ello, el enfoque de derechos humanos busca reconocer su derecho a elegir dónde, cómo y con quién vivir, así como a participar plenamente en la comunidad (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2017).
Respetar la autonomía tampoco significa negar apoyos.
Significa ofrecerlos sin borrar la voz de la persona.
Podemos empezar con preguntas sencillas:
“¿Qué prefieres?”
“¿Necesitas apoyo?”
“¿Cómo puedo ayudarte?”
“¿Quieres intentarlo por tu cuenta?”
Y también debemos estar preparados para respetar una respuesta que diga:
“No, gracias.”
La inclusión no consiste en hacer todo por una persona con discapacidad.
Consiste en crear las condiciones para que pueda decidir, participar y recibir los apoyos que ella considere necesarios.
Porque cuidar a alguien y respetar su autonomía no son ideas opuestas.
La verdadera inclusión comienza cuando dejamos de decidir por las personas y empezamos a decidir con ellas.
Referencias
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (2014). Observación general núm. 1 sobre el artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley (CRPD/C/GC/1).
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (2017). Observación general núm. 5 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (CRPD/C/GC/5).
Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arts. 3, 12 y 19.
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