De la teoría a la vida cotidiana: ¿cómo funcionan los ajustes razonables?

 

Descripción de la imagen: Fotografía de una persona usuaria de silla de ruedas junto a una referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La imagen representa la relación entre discapacidad, inclusión y el reconocimiento y protección de los derechos humanos dentro del marco jurídico mexicano.

En la publicación anterior hablamos de los ajustes razonables como una herramienta para alcanzar una igualdad efectiva. Pero entender el concepto es apenas el primer paso. La pregunta realmente importante es: ¿cómo se traduce este derecho en la vida cotidiana?

Los ajustes razonables pueden aparecer prácticamente en cualquier espacio en el que una persona ejerza sus derechos: una escuela, un centro de trabajo, una oficina pública, un hospital o incluso durante un procedimiento ante una autoridad.

Imaginemos que una universidad aplica el mismo examen escrito y bajo las mismas condiciones a todo su alumnado. A primera vista podría parecer una medida igualitaria. Sin embargo, si una estudiante con discapacidad visual no puede acceder al contenido porque el documento es incompatible con las herramientas que utiliza, existe una barrera. Proporcionar el examen en un formato accesible puede ser el ajuste que le permita demostrar sus conocimientos en igualdad de condiciones.

Algo similar sucede en el ámbito laboral. Una persona con discapacidad puede contar con la preparación, experiencia y competencias necesarias para desempeñar un empleo y, aun así, encontrar obstáculos derivados del espacio físico, de determinados horarios, de las herramientas de trabajo o de los sistemas de comunicación utilizados por la organización. Modificar alguno de estos elementos, cuando sea necesario y adecuado, puede permitir que ejerza su derecho al trabajo sin que una barrera externa limite sus oportunidades.

Incluso pequeñas modificaciones pueden generar grandes diferencias: permitir tecnologías de apoyo, adaptar la forma en que se entrega información, modificar determinados procedimientos, proporcionar materiales accesibles o realizar adecuaciones en el espacio de trabajo son algunos ejemplos. Lo importante es comprender que el ajuste depende de las necesidades de una persona concreta y del contexto en el que debe ejercer su derecho.

Por ello, la pregunta debería ser: “¿existe alguna barrera que esté impidiendo que esta persona pueda participar en igualdad de condiciones?”

La respuesta tampoco puede basarse únicamente en suposiciones ya que de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, determinar un ajuste razonable requiere diálogo con la persona con discapacidad, analizar qué barrera enfrenta y valorar qué modificación es adecuada y eficaz para eliminarla.

¿Significa esto que cualquier modificación solicitada debe implementarse automáticamente? No necesariamente. La legislación contempla como límite que el ajuste no represente una carga desproporcionada o indebida. Sin embargo, esto tampoco permite rechazar una solicitud de manera automática argumentando que es difícil, incómoda o costosa. Deben analizarse objetivamente las circunstancias del caso, los recursos disponibles, la eficacia de la medida y su impacto.

Esta distinción es importante porque los ajustes razonables forman parte del derecho a la igualdad y a la no discriminación. En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece expresamente que la discriminación por motivos de discapacidad incluye la denegación de ajustes razonables.

Por ello, implementarlos no debe entenderse como un acto de buena voluntad, puesto que se trata de reconocer que una regla aparentemente neutral puede producir desigualdad cuando el entorno no contempla las distintas formas en que las personas estudian, trabajan, se comunican o participan.

La inclusión comienza muchas veces con una pregunta sencilla: ¿qué barrera existe y qué podemos modificar para eliminarla?

Escuchar esa respuesta y actuar en consecuencia puede ser la diferencia entre permitir únicamente el acceso a un espacio y garantizar verdaderamente el ejercicio de un derecho.

Fuentes: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arts. 2 y 5; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, art. 2, fracciones II y XIV; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General núm. 6; criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de ajustes razonables.