Descripción de la imagen: Fotografía de una estudiante usuaria de silla de ruedas dentro de un salón de clases, acompañada de otras y otros estudiantes y de una persona docente. La imagen representa la inclusión educativa y la importancia de generar condiciones accesibles para que todas las personas puedan aprender y participar en igualdad de condiciones.
Entrar a una escuela o universidad no garantiza, por sí solo, una educación verdaderamente inclusiva.
Una persona con discapacidad puede estar formalmente inscrita en una institución educativa y, aun así, encontrar barreras que dificulten su aprendizaje, participación o evaluación. Por eso, cuando hablamos del derecho a la educación, también debemos preguntarnos si existen las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercerlo en igualdad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles y establece que deben proporcionarse los ajustes razonables que cada persona requiera.
En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad también establece que debe promoverse la inclusión de las personas con discapacidad dentro del Sistema Educativo Nacional y contempla medidas de accesibilidad, apoyos didácticos, materiales y técnicos, así como personal capacitado. Entre los ejemplos que menciona se encuentran materiales en Braille, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y tecnología dirigida a personas con discapacidad visual.
Pero ¿cómo se ve esto en la vida cotidiana?
Imaginemos a una estudiante con discapacidad visual que recibe un examen mediante una plataforma que no es compatible con su lector de pantalla. Permitirle presentar esa evaluación en un formato accesible no significa facilitarle el examen ni reducir el nivel académico. Significa eliminar una barrera que no tiene relación con los conocimientos que se pretende evaluar.
Lo mismo podría ocurrir cuando una persona necesita interpretación en Lengua de Señas Mexicana, materiales digitales accesibles, una forma distinta de presentar determinada actividad o alguna adaptación en la manera en que recibe información.
El objetivo de los ajustes razonables no es cambiar lo que una persona debe aprender, sino evitar que una barrera ajena a sus conocimientos o capacidades determine sus oportunidades. Esta diferencia es fundamental.
La inclusión educativa no consiste únicamente en permitir que una persona con discapacidad entre al salón de clases. También implica que pueda comprender, participar, aprender, comunicarse y demostrar sus conocimientos en condiciones de igualdad.
Además, cada situación debe analizarse de manera individual. Dos estudiantes con la misma discapacidad pueden utilizar herramientas diferentes o necesitar apoyos distintos. Por ello, escuchar directamente a la persona es esencial para identificar qué barrera enfrenta y qué adaptación puede resultar adecuada.
Una institución educativa verdaderamente incluyente no pregunta solamente: “¿Puede esta persona estudiar aquí?”
También se pregunta: “¿Qué necesitamos hacer para que pueda ejercer plenamente su derecho a la educación?”
Porque estar presente en un salón no siempre significa estar incluido. La inclusión comienza cuando todas las personas tienen una oportunidad real de aprender y participar.
Fuentes: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 24; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, arts. 2 y 12.
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