La democracia se construye cuando todas las personas pueden participar en igualdad de condiciones, sin embargo, para quienes viven con discapacidad, la política todavía es un terreno lleno de obstáculos. En México, más de 20 millones de personas forman parte de este grupo y, aunque tienen derecho a votar y ser votadas, en la práctica su participación está limitada por barreras físicas, comunicativas y culturales que les impiden ejercer plenamente su ciudadanía.
Imagen 1: Inclusión en participación política.
La democracia se construye cuando todas las personas pueden participar en igualdad de condiciones, sin embargo, para quienes viven con discapacidad, la política todavía es un terreno lleno de obstáculos. En México, más de 20 millones de personas forman parte de este grupo y, aunque tienen derecho a votar y ser votadas, en la práctica su participación está limitada por barreras físicas, comunicativas y culturales que les impiden ejercer plenamente su ciudadanía.
El primer reto se encuentra en el propio acto de votar. Muchas casillas no son accesibles, las boletas rara vez incluyen formatos alternativos como braille o sistemas de apoyo visual, y la capacitación del personal electoral no siempre contempla cómo atender con dignidad a personas con distintas discapacidades. Así, lo que debería ser un ejercicio sencillo de derecho se convierte en una experiencia excluyente.
Pero la participación política no termina en el voto, también incluye la posibilidad de ocupar cargos públicos, integrar partidos políticos, liderar movimientos sociales o expresar demandas colectivas. Aquí la exclusión es aún más evidente. Los debates políticos pocas veces cuentan con interpretación en lengua de señas, los documentos partidarios no se adaptan a distintos formatos accesibles y los prejuicios sociales siguen viendo a las personas con discapacidad como “incapaces” de gobernar. Estas prácticas silencian voces que deberían formar parte activa de las decisiones que afectan a toda la sociedad.
A pesar de estas barreras, existen avances importantes. En los últimos años, el Instituto Nacional Electoral ha impulsado medidas para garantizar accesibilidad en los procesos electorales, y cada vez más colectivos de personas con discapacidad se organizan para exigir su derecho a estar representados. Además, algunos países ya muestran ejemplos de líderes políticos con discapacidad que han transformado la visión de la ciudadanía, recordándonos que la capacidad de liderazgo no depende de un cuerpo o de un sentido, sino de la voluntad y la preparación.
La participación política de las personas con discapacidad no debe entenderse como un tema de minorías, sino como una cuestión de justicia democrática. Si una parte significativa de la población está ausente en las decisiones colectivas, la democracia se debilita. Garantizar accesibilidad en el voto, en las campañas, en los espacios de debate y en los partidos políticos es reconocer que todos somos parte de la misma sociedad y que la política debe reflejar esa diversidad.
Reflexión final
Una democracia real no puede darse el lujo de excluir. Escuchar, incluir y dar espacio a las voces de las personas con discapacidad es fortalecer el tejido democrático y construir un país más justo. La política no debería ser un espacio donde unos pocos decidan por todos, sino un lugar donde todas las voces, todas las experiencias y todas las realidades estén representadas.
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