La educación es un derecho fundamental, el cual debe de ser accesible a todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades individuales. En México, la inclusión de personas con discapacidad en diversas áreas de la sociedad ha mejorado de manera sustancial en los últimos años, pero desgraciadamente, sigue siendo un gran reto para algunas instituciones, como es la educativa.
Aunque el acceso inclusivo y justo a la educación para personas con discapacidad no es un problema nuevo, este ha estado presente en la sociedad mexicana desde hace años, pero no fue hasta 1993, que la educación para personas con discapacidad dejo de ser distinta, pues esta se modificó para que los menores con necesidades educativas especiales se integraran a las escuelas y estas dejaran de discriminar a este sector de la población.
Sin embargo, esto no terminó aquí, pues aunque la educación poco a poco ha logrado ser más inclusiva y justa para los jóvenes con discapacidad, este no ha sido el panorama en la mayoría de los casos, e incluso hasta la fecha, hay jóvenes con discapacidad que han sufrido de diversos actos de discriminación o marginación dentro de las aulas escolares, propiciados por compañeros o maestros, lo cual demuestra la falta de educación que aún se sigue teniendo sobre los derechos educativos para jóvenes con discapacidad.
En nuestro país, los derechos de las personas con discapacidad se encuentran respaldados en el marco legal, desde el artículo tercero de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el derecho a la educación, sin discriminación alguna. Hasta, la Ley General de Educación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual contempla disposiciones específicas para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
Pero aun con estos diversos apoyos legales, es fundamental fomentar la educación inclusiva, con la finalidad de promover una sociedad más justa e incluyente para todas y todos, es por ello que se recomienda ampliamente: qué padres y educadores conozcan sobre las leyes que protegen a los estudiantes con discapacidad. Así como los derechos y recursos disponibles esenciales para abogar por una educación inclusiva y de calidad. Ya que, en caso de que estos sean violados, podrán saber los mecanismos de defensa legal que los respaldan. De igual forma, una comunicación abierta entre padres, maestros y personal escolar es de suma importancia, pues así se podrá compartir información sobre el progreso del estudiante, cambios en sus necesidades y cualquier preocupación ayuda a mantener un entorno educativo inclusivo. Los padres y formadores tienen el derecho y la responsabilidad de abogar por adaptaciones que permitan que la educación sea más incluyente, como por ejemplo, ajustes en las evaluaciones, modificaciones en el programa académico o cualquier otra medida que facilite el aprendizaje del estudiante. Asimismo, es importante la educación desde casa, fomentar el respeto, la inclusión y la no discriminación a los más pequeños del hogar, para crear un ambiente escolar respetuoso y ameno.
Finalmente, hay que tener en cuenta que la creación de una sociedad más igualitaria e incluyente es un trabajo de todos, es importante contribuir al mejoramiento de la sociedad y no bajar la mirada en caso de alguna injusticia o algún acto de discriminación; todos y todas las personas podemos informarnos e informar a otros, corregir comportamientos inapropiados, entender y hacer valer estos derechos y juntos avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y equitativo para todos.
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